Reforma Judicial, para no abogados

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El lunes 8 de abril del corriente, la presidente Cristina Fernández anunció el envío de un paquete de seis proyectos de ley destinados a reformar el Poder Judicial; proyectos que, según sus palabras, servirían para “democratizar la Justicia”.

Dicho anuncio originalmente iba a ser realizado el 3 de abril, pero debió ser suspendido por el trágico episodio de las inundaciones en la ciudad de La Plata.

El paquete consiste en seis (6) proyectos de ley, los cuales fueron ingresados tres por la Cámara de Diputados y tres por la Cámara de Senadores. Este dato, si bien pareciera ser un detalle menor, no lo es, sino que muestra claramente el apuro que tiene el gobierno en promulgar este paquete de medidas. Al ingresar tres proyectos por una Cámara y tres por la otra, logra apurar los tratamientos de dichas leyes de manera que, una vez aprobados por la Cámara de origen, pasen a la otra Cámara para su aprobación –cruzándose así los proyectos en el camino- y acelerando la aprobación de los mismos. A su vez, el kirchnerismo busca aprobar los proyectos a libro cerrado (es decir, sin modificaciones).

Los proyectos enviados son los siguientes:

1.- Ley de publicidad de los actos del Poder Judicial.

2.- Ley de publicidad y acceso directo a declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado.

3.- Ley de ingreso democrático a la Justicia.

4.- Ley de creación de tres nuevas Cámaras de Casación.

5.- Regulación de medidas cautelares contra el Estado nacional y sus entes descentralizados.

6.- Ley de reforma del Consejo de la Magistratura.

El orden que elegí para ordenar los proyectos no es caprichoso ni aleatorio. Están ordenados en orden creciente de cuestionabilidad.

1.- El proyecto de “Ley de publicidad de los actos del Poder Judicial” es un proyecto simple, que contiene solo 7 artículos, en el cual se obliga a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (y a los tribunales inferiores) a publicar en internet la totalidad de sus fallos y resoluciones. Es un proyecto de ley redactado por alguien que evidentemente no está en el día a día de la actividad judicial, ya que en la actualidad la inmensa mayoría de los juzgados ya publican la totalidad de sus resoluciones en internet (el único fuero que no lo hace es el Contencioso Administrativo Federal, el cual ya inició una digitalización de los Juzgados) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación publica la totalidad de sus resoluciones en sus libros (y los más importantes también en internet), los cuales son de acceso público. Atento ello, con sólo realizar la inversión necesaria en equipamiento y tecnología seguramente la totalidad de los fueros y la Corte Suprema ya podrían publicar todas sus resoluciones on line, por lo que ni siquiera sería necesario este proyecto de ley.

2.- El proyecto de ley sobre “Publicidad y acceso directo a declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado” es el único proyecto de ley que podríamos catalogar de republicano dentro de este paquete de proyectos de ley enviados al Congreso. Este proyecto establece que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos de los tres poderes deben ser públicas y estar publicadas en el sitio web de la Oficina Anticorrupción, y que las mismas deben ser exactamente iguales a las presentadas ante la AFIP. Establece una larga lista de sujetos obligados a dicha presentación de declaraciones juradas en su artículo 2°, entre los cuales se encuentran el presidente, los diputados y senadores, jueces de la nación, etcétera. Las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son de acceso público y es correcto que se pongan en el sitio web de la Oficina Anticorrupción a los fines de ser revisadas y auditadas por la totalidad de la población.

3.- Ley de ingreso democrático a la Justica: es un proyecto de ley que busca quitarles poder a los jueces y colocar ese poder en los políticos. El texto de sus cuarenta artículos es una marca registrada de la época, donde se mencionan las palabras “democrático” e “igualitario”. Este proyecto de ley, supuestamente, busca terminar con el “acomodo” en la designación de los empleados (tanto funcionarios como empleados administrativos y personal de maestranza, exceptuando únicamente a los secretarios privados tanto de los jueces de primera instancia como de los camaristas), estableciendo un concurso para acceder a cualquier empleo dentro del Poder Judicial de la Nación. Se establece como modalidad de ingreso un examen y un posterior sorteo público.

Teniendo una lectura más política de este proyecto de ley, el artículo 10 es clave dentro del mismo. Dicho artículo establece como autoridad de aplicación (y por lo tanto selección de los empleados) al Consejo de la Magistratura (actualmente cada una de las Cámaras de Apelaciones eligen a los empleados de cada fuero y la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace lo propio con los suyos), por lo que, de aprobarse el presente , pasaría a ser el Consejo de la Magistratura el único encargado del nombramiento del Poder Judicial y siendo que, como veremos infra, dicho Consejo pasaría a estar dominado por el oficialismo o la política (cualquiera sea éste el oficialismo), la totalidad de los nombramientos del Poder Judicial pasarán a ser nombramientos políticos, por lo que es de esperar que, al menos durante el kirchnerismo, dichos nombramientos pertenezcan a sectores como “La Cámpora”, “Unidos y Organizados”, etcétera.

4.- Creación de tres nuevas Cámaras de Casación: por medio de este proyecto de ley se crearían tres nuevas Cámaras de Casación, una Contencioso Administrativo Federal, una del Trabajo y la Seguridad Social y una en lo Civil y Comercial Federal. Vale recordar que estas Cámaras de Casación serían los tribunales superiores de cada uno de estos fueros. El gobierno, extrañamente, entiende que, a los fines de agilizar los plazos de un juicio, la mejor medida es crear nuevas instancias. El producto de este proyecto no va a ser otro que la prolongación de los juicios en al menos dos años más de duración. Para cada Cámara de Casación se crean dos “salas” (es decir dos tribunales distintos, cada uno compuesto por tres jueces). Es decir, el actual gobierno podría asegurarse que en estos fueros no salgan fallos contrarios a sus intereses, ya que nombrarían a la totalidad de los miembros de estos tribunales. Vale recordar que estos fueros son los que han traído mayores problemas al oficialismo (el Contencioso Administrativo dictó los fallos del BCRA en el tema de Redrado, el fuero de la Seguridad Social emite permanentemente fallos a favor de la actualización de los haberes de los jubilados, obligando a la ANSES a abonar jubilaciones mayores, y el Civil y Comercial Federal emitió el fallo declarando la inconstitucionalidad del art. 48 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). Es decir, el gobierno pasaría a controlar directamente la totalidad de estos tribunales, asegurándose no tener ningún tipo de sorpresas por parte del Poder Judicial de la Nación.

5.- Proyecto de “Regulación de medidas cautelares contra el Estado nacional y sus entes descentralizados”: este proyecto es una clara violación a los derechos individuales frente al Estado, colocando al mismo en una situación de poder frente a los individuos. Incluso el CELS, aliado del oficialismo, rechazó este proyecto y lo calificó de inconstitucional. Este proyecto de ley solo podría ser aprobado en un Estado absolutamente totalitario, al estilo fascista de Mussolini o hitleriano, mas nunca en un estado republicano.

Siendo que el presente artículo se dirige a no abogados, para empezar a analizar este proyecto de ley debo explicar qué es una medida cautelar. Palacio dice que medida cautelar es aquella que “tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva” (PALACIO, Lino E., “Manual de Derecho Procesal Civil”, 14° ed, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998, ps. 773-774). Como todos sabemos, un juicio puede demorar varios años y siempre existe la posibilidad que, por el transcurso de dicho tiempo, el menoscabo sufrido por quien reclama o bien se agrave o bien ya no pueda ser reparado. Para ello existen las medidas cautelares, las cuales son medidas rápidas y efectivas que tienden a resguardar el derecho que se pretende ejercer con la acción judicial. Para poner un ejemplo: A inicia un juicio a B pero tiene miedo que, transcurrido dicho juicio, B pueda desaparecer o vaya a la quiebra por ejemplo, entonces A, junto con la interposición de la demanda (inicio del juicio) o incluso antes de ello, puede solicitar una medida cautelar (que podría ser desde un embargo, una inhibición general de bienes, anotación de litis, etc.), la cual asegurará que, de resultar vencedor en el pleito, A pueda cobrar su acreencia.

Los requisitos para poder trabar una medida cautelar son tres: a) verosimilitud en el derecho, es decir que el Juez, con los elementos alcanzados por quien solicita la medida, pueda verificar prima facie que lo que se reclama se ajusta a derecho; b) peligro en la demora, por el tiempo que demanda un juicio; y c) contracautela, es decir que quien solicita la medida cautelar ofrecerá algo para el caso en que no prospere el juicio y el demandado hubiera sufrido una medida cautelar injustificadamente.

Ahora bien, volvamos al Proyecto de “Regulación de medidas cautelares contra el Estado nacional y sus entes descentralizados”. Dicho proyecto busca limitar las medidas cautelares trabadas contra el Estado o sus entes descentralizados y lo logra de diversas maneras:

a) Declara ilegales las medidas cautelares “autosatisfactivas”, siempre y cuando las mismas sean contra el Estado (art. 3 inc. 4 del Proyecto), es decir cuando por la sola medida cautelar ya se agotaría el objeto del juicio. Hay juicios en los cuales el objeto del mismo se condice con la medida cautelar (ejemplo: los amparos del corralito en el 2002). En estos casos, estas medidas cautelares no podrían dictarse.

b) Establece también el proyecto que, previo al dictado de la medida cautelar, el juez debe solicitar al Estado un informe para que, en el plazo de cinco días, dé cuenta del interés público comprometido por la medida cautelar y recién una vez recibido (esto es importante, ya que la ley no aclara qué sucede si en esos cinco días la autoridad competente no envía dicho informe) el juez podrá dictar la medida cautelar (art. 4 inc. 1). Por lo que, si el Estado demorara el envío de este informe la medida cautelar, en principio, no podría dictarse.

c) Fija un plazo máximo de seis meses de vigencia de la medida cautelar (art. 5), lo que resulta a todas luces la desaparición de las medidas cautelares, ya que es virtualmente imposible llegar a una sentencia en un plazo inferior a seis meses, sobre todo cuando, en la totalidad de los juicios contra el Estado, al mismo se le da un plazo excepcional para contestar la demanda de 60 días hábiles. Es decir, al ser imposible obtener una sentencia definitiva en el plazo de seis meses, este artículo decreta la caducidad de la totalidad de las medidas cautelares contra el Estado.  Pongamos un ejemplo: la presidente decide expropiar mi casa. Yo interpongo una demanda judicial a los fines que mi casa no sea expropiada y solicito una medida cautelar de “no innovar” (es decir que no se haga efectiva la expropiación hasta tanto se resuelva el juicio). El juez me hace lugar a la medida, a los seis meses dicha medida caduca y el Estado me expropia (prorrogable únicamente por seis meses más).

d) En el artículo 9 se prohíbe la interposición de una medida cautelar que “afecte, obstaculice, comprometa, distraiga  de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado (…)”. Es decir, imposibilita a los ciudadanos la posibilidad de embargar cuentas del Estado, embargar inmuebles, automotores, etcétera. Asimismo, el final del articulo expresa: “ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”. En los últimos años, los jueces habían empezado a imponer a los ministros o secretarios de estado multas por la no realización de obras (por ejemplo se había impuesto una multa diaria al secretario de Medio Ambiente por la paralización de las obras del Riachuelo). Dichas multas eran efectivas para lograr la efectivización de una orden judicial. Este artículo prohibiría a los jueces imponerlas.

e) En el artículo 10 de este proyecto se prohíbe la contracautela juratoria, es decir que quien solicita una medida cautelar solo podría responder con una caución real (dinero en efectivo por ejemplo) o personal. Volviendo al ejemplo de la expropiación: para que prosperara mi solicitud de medida cautelar a los fines que no se efectivice la expropiación, yo debería ofrecer o bien el dinero en efectivo equivalente al monto del bien expropiado (que quedaría depositado en una cuenta bancaria hasta que se resuelva el juicio) o bien proponer un bien para que sea embargado hasta tanto se resuelva dicho pleito. Si yo no tuviera bienes ni dinero suficientes, no podría solicitar la medida cautelar. El colmo de esto es que si el Estado solicita una medida cautelar se lo exceptúa de prestar contracautela alguna.

f) Para suspender un acto estatal (ya fuera ley, reglamento o incluso acto general o particular) se exige la “no afectación del interés público”, no definiendo qué se entiende por afectación del interés público.

Como se observa a simple vista, el régimen legal vigente de medidas cautelares se ve desnaturalizado absolutamente, quedando el ciudadano en una situación absolutamente desventajosa frente a cualquier abuso del Estado. De aprobarse este proyecto de ley, en cualquier caso de abuso estatal el individuo quedaría en un estado de indefensión absoluta, típico de los estados totalitarios, privilegiando la norma al Estado frente a los derechos individuales de las personas.

6.- Ley de reforma del Consejo de la Magistratura: este es el proyecto más cuestionable y de mayor impacto político. Significa el fin de la independencia del Poder Judicial y del sistema republicano de gobierno. Deja sin control alguno a la mayoría gobernante y la finalización del sistema de frenos y contrapesos fundamentales dentro de cualquier república. Pondría de rodillas al Poder Judicial de la Nación, limitándose los mandatos de los jueces al ánimo del gobernante, anulándose la garantía de estabilidad en sus funciones. Asimismo, es un caso único en el mundo de sumisión de un Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo.

El Consejo de la Magistratura es un órgano independiente, creado por la Constitución de 1994, que tiene como funciones principales el nombramiento, sanción disciplinaria y remoción de los jueces de la Nación. Originalmente estaba compuesto por veinte miembros, habiendo pasado durante el gobierno de Néstor Kirchner a trece miembros (6 legisladores -3 diputados y 3 senadores-, 3 abogados, 3 jueces y un representante del Poder Ejecutivo). Los abogados y jueces son elegidos por sus pares, los legisladores son 4 por el oficialismo (2 senadores, dos diputados) y dos por la oposición, y el representante del Poder Ejecutivo es elegido por el presidente. Sus decisiones se toman por 2/3 de los votos de los integrantes.

El Proyecto de ley supone elevar la cantidad de miembros a 19: 3 jueces de la Nación elegidos por voto popular (2 por la lista ganadora, 1 por la primera minoría), 3 abogados elegidos por voto popular (2 por la mayoría, uno por la primera minoría), 6 representantes del ámbito académico o científico elegidos por voto popular (4 por la lista que resulte ganadora, 2 por la segunda), 6 legisladores (4 por la mayoría, 2 por la primera minoría) y un representante del Poder Ejecutivo.

Como podemos observar, lo primero que llama la atención es que Jueces Nacionales deberían intervenir en listas partidarias (estando en la actualidad imposibilitados incluso de afiliarse a partido político alguno), significando ello el fin de la independencia judicial. Asimismo, habría jueces que participarían de una contienda electoral y resultarían derrotados, con el riesgo de ser destituidos por quienes hayan resultado vencedores en la contienda. Asimismo, se establece la obligatoriedad de que estas listas sean elegidas conjuntamente con la elección de presidente de la Nación (tanto la de abogados, como jueces y representantes del ámbito académico o científico), siendo una especie de “lista sábana” o “de adhesión” al gobierno que resultara elegido. Asimismo, por el artículo 9 del proyecto de ley se modifica el quórum –solo exige 10 integrantes para que pueda sesionar- y la forma de votación interna del Consejo –pasando a ser sus decisiones por mayoría simple de los presentes.

Si ponemos como ejemplo las ultimas elecciones del 2011, el gobierno de la presidente Cristina Fernández pasaría a controlar el Consejo de la Magistratura, ya que habría obtenido 13 miembros de los 19 (2 jueces, 2 abogados, 4 representantes del ámbito académico y científico, 4 legisladores y el representante del poder ejecutivo nacional), pudiendo así remover o sancionar libremente a cualquier juez que les resultare molesto.

Como vemos, este proyecto de ley resulta a todas luces claramente inconstitucional y subordina absolutamente al Poder Judicial a los designios de quien resultare ganador de las elecciones. Asimismo, termina con la independencia judicial con la “partidización” de los jueces, haciendo que los mismos formen parte de la contienda electoral. Significa la impunidad absoluta para los miembros del partido gobernante ya que es de suponer que ningún juez se animara a investigar hechos de corrupción bajo amenaza de remoción por parte del Consejo de la Magistratura.

Como se observa, el resultado de la aprobación de estos proyectos de ley será el fin de la independencia judicial y, por lo tanto, del Estado de Derecho en la Argentina. Ningún Juez podrá investigar al poder, así como tampoco podrá haber fallos contrarios al Ejecutivo en materias laborales o de seguridad social y tampoco en los fueros civiles y comerciales. Con estos proyectos, el Estado se “blinda” frente a cualquier reclamo judicial, convirtiéndose en un organismo supra legal y totalitario, donde con la sola voluntad del presidente de turno podrán burlarse los derechos de los individuos, tanto los llamados “humanos” (vida, integridad física, dignidad humana, salud), como políticos (fraudes electorales por ejemplo) o patrimoniales (expropiaciones, impuestos abusivos, etcétera).

Ezequiel Caffarini, es abogado e integrante del Partido Liberal Libertario.