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Escrito por Alejandro Marrocco

Tal vez el título de este artículo suscite alguna perplejidad : ¿qué tiene que ver una asamblea de accionistas de una empresa con la desnutrición infantil?

Muy posiblemente se acreciente la extrañeza del lector al tener en cuenta que SIDERAR S.A. -empresa del grupo Techint, de la cual hablamos- no se dedica a producir ni a elaborar alimentos, ni tampoco a distribuirlos, sino que su actividad es siderúrgica. Pues bien, con el propósito de tratar de echar luz sobre la cuestión planteada, le proponemos pensar abiertamente sobre las siguientes ideas:

¿Tendrá algo que ver la violación sistemática del derecho de propiedad con la desnutrición infantil?

¿Tendrá algo que ver la erosión implacable o la demolición directa de la seguridad jurídica con la desnutrición infantil?

¿Tendrá algo que ver la vulneración de los principios republicanos con la desnutrición infantil?

Apresurémonos a señalar que estas líneas lejos están de pretender sostener una defensa de una compañía determinada -que por otra parte seguramente contará con excelentes profesionales que resguardarán sus derechos- la cual, tal vez, además, deba reflexionar -como el grupo al que pertenece y tantos otros grupos empresarios- acerca de si siempre ha defendido explícitamente las reglas de juego del sano capitalismo cuando fueron otros actores los atacados.

Tampoco se pretende aquí el análisis pormenorizado técnico-jurídico de un conjunto de cuestiones, ya que ello podría resultar tediosamente insoportable para quienes no son gustosos de tales evaluaciones, razón por la cual nos limitaremos a señalar los aspectos legales estrictamente indispensables.

Como habrá podido recordar al leer el encabezado de este artículo, hace ya algo más de dos años, la titular del Poder Ejecutivo anunciaba -con el beneplácito de un conjunto de funcionarios y un nutrido grupo de oficialistas y muchos opositores- la "estatización" de los fondos de jubilaciones y pensiones. Muchos de nosotros, que habíamos elegido y ratificado nuestra elección en el sentido de que queríamos que nuestros ahorros previsionales no fueran administrados por los funcionarios estatales de turno, nos encontramos, de la noche a la mañana, con que nos habían cambiado las reglas de juego.

En efecto, bajo la promesa de resguardar nuestra vejez -alguna vez alguien debería decirnos por qué los gobernantes se empeñan tanto en cuidarnos, lo querramos o no, para colmo, en cuidarnos de la manera que ellos consideran correcta aunque hayamos elegido otro modo- y eliminar el negocio de unos cuantos empresarios, la masa de recursos que administraban las AFJP pasó a ser administrada por el Estado, a través fundamentalmente, de la ANSES.