Se supone que el Estado cobra ese impuesto a las ganancias para solventar los gastos de asistencia a los pobres. Parecería que la causa por la cual hay pobres es el hecho de que existen quienes ganan mucho dinero. Sucede, sin embargo, que el hecho de que los negocios sean rentables es un elevado incentivo para realizar inversiones que generan fuentes de trabajo, aumentan la productividad de la economía y extienden sistemáticamente el bienestar a todos los ámbitos de la comunidad. Pero si el Estado se queda con esas ganancias por medio de los impuestos, esas inversiones no se producen (porque no hay capital para desarrollarlas) y el bienestar que se podría extraer de ellas no se genera. Entonces, se produce la paradoja de que, en el afán de beneficiar a los pobres, la presión impositiva del Estado genera el efecto opuesto porque socava las propias fuentes de las cuales el bienestar se nutre. No se puede producir pan prendiéndole fuego a las plantaciones de trigo.

El impuesto a las ganancias debería ser derogado y las tareas que el Estado solventa con los fondos que obtiene a través de ese impuesto deberían ser eliminadas y dejadas en manos de la actividad privada, que seguramente las prestaría a menor costo y de acuerdo con las demandas de los consumidores. Es cierto que, en este contexto, la gente debería pagar por la asistencia médica que ahora recibe gratuitamente en los hospitales públicos. Pero como el nivel de ingresos de todos los ciudadanos sería mucho más elevado, quienes actualmente no pueden hacerlo, podrían holgadamente pagar esa asistencia médica que en el sistema actual está fuera de sus posibilidades.

Pero además de este enfoque utilitario, no debemos dejar de lado el aspecto conceptual que implica el avasallamiento a los derechos individuales involucrado en el hecho de que el Estado se apodere de lo que pertenece a los ciudadanos. Esto no es justo, cada persona tiene derecho a disponer del producto de su trabajo, su esfuerzo y su capacidad. El Estado es una organización creada por los ciudadanos que debe estar al servicio de ellos, no ellos al servicio del financiamiento del Estado. Los funcionarios estatales -que deben ser pocos porque no es necesario que haya la cantidad que hay actualmente- son servidores del pueblo, no los dueños de los fondos de los ciudadanos. Por lo tanto, no es legítimo que el Estado se apodere de lo que unos producen para emplearlo discrecionalmente. Si, además de esta injusticia, el intervencionismo del Estado provoca los desajustes económicos que explicamos más arriba, es evidente que tanto desde el punto de vista moral como desde una perspectiva pragmática el impuesto a las ganancias merece un severo cuestionamiento.

La eliminación del impuesto a las ganancias, la liberación de los mercados y el pleno respeto por los derechos individuales de los ciudadanos son las orientaciones que nos conducirán a un ordenamiento social más acorde con la genuina justicia y con mayor prosperidad para todos los habitantes de nuestro país.